Ciudad de México, 30 de Noviembre 2017 (Redacción).- En algunas entidades de la República se están avalando normas que van en contra de los intereses de los ciudadanos, al no haberse aprobado en el Congreso de la Unión las reformas necesarias a la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT).
Hace unos días en San Luis Potosí, el Congreso local aprobó una ley que, a decir de grupos ciudadanos, no cumple con los estándares mínimos de protección de la salud establecidos en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, el cual fue ratificado por México en 2008.
Al mismo tiempo, en el estado de Nuevo León, algunos legisladores pretenden echar abajo una norma que busca establecer espacios libres de humo de cigarro, “con tal de defender los intereses de la industria tabacalera” con sede en esa entidad, lamentó Eduardo del Castillo, integrante de la organización Códice.
Los anteriores ejemplos son consecuencia directa de que la comisión de salud de la Cámara de Diputados haya sido omisa al cumplir con su responsabilidad de reformar la LGCT, pues desde octubre de 2015 ha tenido conocimiento de diversas propuestas para hacer que todo el país esté 100 por ciento libre de humo de cigarro, pero no les ha dado cauce, indicó por su parte Erick Antonio Ochoa, del colectivo FIC México.
Dicha comisión legislativa “ha tenido un desempeño deshonroso, ajeno a la salud pública de México. Su inacción con los ambientes libres de humo confunde a las legislaturas estatales, que por lo demás se ponen ‘creativas’ con enmiendas regresivas, inconstitucionales, o amenazan con reformas que socavan los avances” alcanzados hasta ahora, señaló el activista.
Juan Núñez, coordinador de la Alianza Nacional para el Control del Tabaco, aseveró que a unos cuantos meses de cumplir 10 años de promulgada, la LGCT “siga tolerando que se fume en espacios públicos cerrados, pese a la gran causa de enfermedad que se asocia con el consumo de tabaco”.
Dicha sustancia, recordó, causa más de 66 mil muertes al año y una carga superior a los 70 mil millones de pesos por costos de atención a las enfermedades provocadas por el humo de tabaco.
