La suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que otorgó el ministro Alberto Pérez Dayán no sólo atenta contra la constitución vigente en nuestro país, un hecho en sí grave, sino que se constituye como una ofensa a los cerca de 10 millones de mexicanos que viven en extrema pobreza.
Con el argumento que la reducción de su salario, pondría en entredicho la independencia jurídica, los magistrados han expresado su descontento por algunas iniciativas lanzadas por el nuevo gobierno, tales como la rotación constante de juzgadores, la aplicación de controles de confianza y criterios de género y la designación de los consejeros de la judicatura por el Senado para controlar la administración y disciplina interna.
Aunque, al parecer, la reducción de un salario de 651 mil pesos mensuales, de acuerdo con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, es lo que más parece pesarles. Y no es para menos, ese sueldo les permite llevar una vida de lujos y excentricidades que, dicho sea de paso, no tienen recato en presumir en redes sociales como en el caso del magistrado Adolfo Serrano Ruiz.
Dadyserrano, como se autodenomina, presume sus fotos, que parecen sacadas de cualquier revista de la High Society. Fotografías que son tan ofensivas como alejadas a la mayoría de los mexicanos: puros cubanos, una colección de relojes Rolex, tenis Louis Vuiton, camisas Paul and Shark, son artículos que el promedio de la gente no podría ni soñar en adquirir.
En un país que sufre una de las peores crisis económicas, es inadmisible que los magistrados no se adhieran a la Política de Austeridad del nuevo gobierno y que en sus pretensiones de grandeza y de dispendio pretendan “sangrar” a un pueblo que ha sido sumido en la pobreza por los gobiernos anteriores.
