México, 8 Jun (Notimex).- En una escala de cero a 10, las cárceles municipales obtuvieron calificación promedio nacional de 3.90, en las que sobresalen por sus deficiencias las de Nayarit, con 1.40; Hidalgo, 2.78; Jalisco, 3.57; Tabasco, 3.94; Chiapas, 4.12; Puebla, 5.24, y Quintana Roo, 5.69, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016.
El documento, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que los Centros de Readaptación Social (Ceresos) obtuvieron 6.27 de calificación; los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), 7.21, en tanto que las prisiones militares fueron las mejor evaluadas con 7.95.
Durante la presentación del diagnóstico se informó que los centros municipales de reclusión con menor promedio son las distritales de Zimapán y Zacualtipán, Hidalgo, así como el Reclusorio Preventivo Municipal de Cihuatlán, Jalisco.
Sin embargo, las cárceles municipales de Acaponeta, Rosa Morada y San Blas, Nayarit, tienen una calificación inferior a un punto dentro de la escala en cuestión, que mide las condiciones mínimas que deben existir en un penal para garantizar una estancia digna y segura, capaz de lograr la reinserción social de los internos.
Al respecto, la tercera visitadora, Ruth Villanueva Castilleja, indicó que el respeto a los derechos humanos es una asignatura pendiente en las instituciones del país.
Explicó que el diagnóstico contiene consideraciones cualitativas y cuantitativas, “visibiliza las condiciones de reclusión, las necesidades existentes en los centros penitenciarios y las posibilidades de fortalecer un sistema por los derechos humanos”.
El diagnóstico se hizo sobre una muestra de 131 centros penitenciarios estatales, 42 cárceles municipales, 19 centros federales y tres prisiones militares, de un total de 392 centros.
Abarcó una población de 211 mil 982 personas internas, que conforman 87.73 por ciento de la población total recluida al inicio de 2016.
Además, se adicionó la evaluación de 42 centros que dependen de autoridades municipales, así como información relativa a la población de mujeres por centro, efectuando la supervisión específica de los centros femeniles del país en funcionamiento al momento de la visita, abarcando 86.16 por ciento de la población total femenil.
En cuanto a riñas al interior de centros penitenciarios, se informó que en el año en cuestión se registraron 979, esto es, en promedio, 2.6 diarias, siendo Sonora el estado que reportó más, con 195; Nuevo León, 78; Chihuahua, 61; Querétaro, 56, y Tlaxcala, 54.
Villanueva Castilleja expuso que entre las deficiencias encontradas en los centros municipales figuran insuficientes actividades laborales y de capacitación para el trabajo y falta de separación entre procesados y sentenciados.
Además, continúa la carencia de reglamentos y manuales, escasa o nula difusión de la normatividad, falta de áreas médicas, medicamentos y profesionales de la medicina, inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento de esos centros, así como de acciones preventivas para atender incidentes violentos.
La CNDH comprobó también la persistencia de sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno/cogobierno, falta de prevención y atención de incidentes violentos en centros estatales, así como anomalías en la separación entre procesados y sentenciados.
Otras irregularidades encontradas son condiciones materiales, equipamiento e higiene en áreas de dormitorios, sancionados, sujetos a protección, cocina y comedores, y la falta de personal de seguridad y custodia.
En cuanto a los centros federales, se constató la falta al derecho a la protección de la salud, debido a la ausencia de personal médico, medicamento, escasa atención y cuidados a personas adultas mayores, así como carencias de programas preventivos de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Mientas que en las prisiones militares, la situación más recurrente que se detectó es la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo.
Se informó que para la elaboración del diagnóstico, la CNDH tomó como base la normatividad nacional e internacional en la materia, que establece la obligación de las autoridades de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Entre los objetivos del diagnóstico está orientar las políticas públicas tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos, por lo cual se estructura para reflejar las condiciones por la que transitan las cárceles del país.
Ello, a través de un análisis cualitativo y un punto de vista cuantitativo, que identifique deficiencias y logros, los cuales sirvan de parámetros para establecer procesos de mejora en las instituciones de reclusión.
