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En la lucha contra la corrupción, la participación del sector privado debe convertirse en una actividad cotidiana. Las empresas de todos los sectores, según su tamaño y recursos, deben impulsar políticas de integridad dentro de las que se incluyan canales para denunciar los actos de corrupción.
En materia de prevención y control de la corrupción, si bien es cierto que los Estados tienen la obligación de generar mecanismos que permitan a ciudadanos denunciar cualquier acto irregular, también lo es que el sector privado ha venido adoptando lineamientos que regulan la integridad en las empresas. Se pretende con ello que en la relación con proveedores, consumidores y clientes, cualquier acto de corrupción, soborno, fraude o malversación, sea detectado y sancionado.
De manera particular, un porcentaje menor de empresas del sector privado ha diseñado e implementado canales seguros y confidenciales de denuncia para que sus empleados puedan reportar malas conductas. ¿Qué hacer cuando el personal conoce de un acto de corrupción? ¿Cómo y a través de quién reportarlo? ¿Quién puede defenderlo si el superior jerárquico impone en su contra cualquier acto de represalia, a consecuencia de la denuncia presentada?
Esas y otras preguntas han sido contestadas por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y Transparencia Internacional, tanto en tratados internacionales como en recomendaciones y guías, a través de los cuales se ha conminado a los Estados a imponer a sus empresas la obligación de contar con esas canales de denuncia. Ello, a efecto de que el sector privado se sume activamente a la lucha contra la corrupción.
En algunos países (como Francia, los Países Bajos y Eslovaquia), el gobierno ha impuesto la obligación a empresas con más de 50 empleados de contar con esos mecanismos internos de denuncia y ha previsto multas millonarias para el caso de no hacerlo. En otros países (como en el Reino Unido y Canadá) la implementación de esos canales se ha impuesto como requisito para acceder a beneficios públicos (contratos con el gobierno, permisos, autorizaciones, etcétera).
De la misma forma, mientras que en ciertos países se ha invitado a la adopción de canales de denuncia como factor para reducir sanciones (cuando esas empresas sean investigadas por actos de corrupción), en otros se han generado esquemas en los que los denunciantes obtienen premios. En Estados Unidos, por ejemplo, la denuncia de desvío de recursos por un ciudadano puede hacerlo acreedor de hasta el 30 por ciento del monto recuperado.
Esa labor tan importante de las empresas, no basta con la simple creación de formatos para que sus empleados puedan denunciar internamente, sino que deben adoptarse políticas serias que hagan visibles los mecanismos de denuncia. Informar constantemente a empleados sobre sus derechos como denunciantes, capacitar al personal, publicar en su página web el funcionamiento de los canales internos de denuncia, entre otras.
Desde las empresas, debe además romperse con las connotaciones negativas asociadas con la denuncia (soplón y traidor, algunas de ellas) y en su lugar crear una cultura de diálogo y reporte de actos ilícitos. Que el término de “denunciante” se normalice dentro de una compañía y que se identifique con una figura heroica.
Debe entenderse que los esfuerzos para controlar la corrupción por parte de las empresas siempre redundarán en beneficio de aquellas que cuenten con canales de denuncia. Y no solamente frente a sus proveedores, consumidores y competidores, sino también frente a un Estado que cada vez más exigirá acciones concretas del sector privado.
Así el sector privado, en la década más importante para combatir la corrupción, juega un papel fundamental: fomentar la denuncia de los actos de corrupción en las empresas y proteger a los empleados que levanten la voz.
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