El caso Epstein ha puesto de nuevo en el centro del debate público la responsabilidad del Estado ante redes criminales internacionales. En México, la crítica no es judicial, sino política: la falta de claridad del gobierno de Morena sobre si el expresidente López Obrador sabía de actividades relacionadas con Epstein en el país.
Durante su sexenio, el gobierno de AMLO sostuvo una narrativa constante de combate a la corrupción, ruptura con los privilegios del pasado y rechazo a las redes de poder que operaban al margen de la ley. Sin embargo, el caso Epstein plantea un contraste incómodo: un personaje identificado globalmente como depredador sexual, con conexiones internacionales, y ninguna explicación pública sobre si su presencia fue investigada por autoridades mexicanas.
Hasta hoy, no hay una acusación judicial que relacione directamente a AMLO con Epstein. Pero esto no elimina una pregunta clave para la rendición de cuentas: ¿hubo intercambio de información con Estados Unidos? ¿Se abrió alguna investigación? ¿Se consideró que el tema no era importante?
Analistas políticos advierten que el costo es importante. En un movimiento que se presenta como moralmente superior a los gobiernos anteriores, la falta de respuesta genera sospechas, aunque no haya pruebas penales. En política, el silencio también dice mucho.
Morena enfrenta ahora un dilema: aclarar con documentos qué sabía el gobierno federal sobre la posible operación de la red Epstein en México, o dejar que la duda se convierta en un problema constante para el proyecto que prometió no encubrir a nadie.
