La regulación de las telecomunicaciones en el país entró en una nueva fase de gestión tras confirmarse, la mañana del 25 de junio, una ampliación en el plazo de inscripción de líneas celulares ante la CRT. La prórroga desactiva la desconexión masiva programada para el 1 de julio de 2026, sustituyéndola por una transición escalonada según la terminación de la línea móvil de prepago. Las fechas límite corren de forma quincenal y mensual desde agosto hasta finales de año: dígitos 0 y 1 concluyen en agosto (15 y 31); 2 y 3 en septiembre (15 y 30); 4 y 5 en octubre (15 y 31); 6 y 7 en noviembre (15 y 30); concluyendo con el 8 y 9 en diciembre (15 y 31). El beneficio de pospago ya cubre a 22.8 millones de usuarios que no requieren actualizar datos.
A pesar de que el gobierno federal defiende que la vinculación de 40.2 millones de prepagos ya completada sumada al pospago da un avance de 63 millones de líneas operando bajo normas de seguridad frente al fraude, expertos en derechos digitales reiteran la existencia de fallas estructurales y riesgos latentes en el resguardo de la información. La normativa establece que quienes no cumplan el calendario sufrirán el corte de llamadas y datos móviles tres días después de su fecha límite, quedando el dispositivo limitado a alertas de sismos y soporte técnico. La reactivación total del servicio estará condicionada a la entrega de la CURP, un requisito técnico que sigue generando controversia jurídica entre los defensores de la privacidad de los consumidores.
