• Los municipios, los estados y el Gobierno de México, pueden mejorar sus mecanismos de control y vigilancia
Ciudad de México, 21 de septiembre de 2021. Un gobierno analítico, con la implementación de analítica avanzada, alcanzará mejores resultados a un menor costo, logrando su verdadera transformación en beneficio del pueblo al que representa, al tiempo que le cierra la puerta a quienes hacen de la corrupción una forma de vida, indica Juan Carlos Olarte, Gerente de Conocimiento Soluciones y Producto de Infórmese.
El especialista reconoce que todos los gobiernos en Latinoamérica son más susceptibles a este tipo de casos, porque muchos de sus procesos continúan siendo en papel, lo que en numerosas ocasiones lleva a la discrecionalidad en la toma de decisiones, en perjuicio de quienes más necesitan los recursos.
Como ejemplo de caso en la región, recordó que hace un tiempo trabajaron con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, y encontraron que existían 561,277 “niños fantasmas”, que le costaban a la nación sudamericana, unos 218 millones de dólares cada año, dinero que podía servir para otros fines y programas sociales del gobierno.
“Con base en esa experiencia en Colombia, definitivamente sí, los gobiernos en México son más susceptibles a la corrupción sin la analítica de datos, al igual que en el resto de Latinoamérica. Ésta aporta bastante al proceso de monitoreo, cumplimiento y control”.
“A cada uno de los niveles de gobierno en México: municipal, estatal y al Gobierno Federal, una recomendación es que involucre, número uno, analítica en sus procesos de vigilancia y control; número dos, que en la medida de lo posible, aquellos procesos de contratación que se hacían en papel, los lleven a esquemas de plataformas digitales para que cierren las puertas a actividades indebidas”, explicó Olarte.
Actualmente hay distintos enfoques sobre la corrupción en el país, como el antepenúltimo lugar (con calificación final de 5.51 puntos, en una escala de cero al 10) que ubica a México en el combate a esta materia, en el estudio Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020, elaborado por Lawyers Council for Civil and Economic Rights (Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos) del Vance Center for International Justice. Pero también se encuentran los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (Encrige) 2020, presentada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que reveló que en el año 2020 el 71.5 por ciento de las unidades económicas en México consideró que los actos de corrupción eran frecuentes, denotando una reducción en relación al 82.2 por ciento reportado en el año 2016.
Olarte recordó que también está el Open Contracting Data Standard, que es un estándar de datos abiertos gratuito para la contratación pública, que ha sido implementado por más de 30 gobiernos en todo el mundo. Además, en México, en mayo pasado, la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Josefina Román Vergara, destacó la propuesta de Contrataciones Abiertas para consolidar una cultura de datos abiertos en México, misma que está ceñida a la iniciativa internacional promovida por Open Contracting Partnership.
“En los últimos 20 años, México ha sido uno de los países latinoamericanos que más legislación y procesos de transparencia anticorrupción ha implementado y en cada uno de ellos han contado con un elemento importante de tecnología que ha permitido expandir ese impacto de esfuerzos originados en el ámbito social. El más reciente fue la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y con la analítica de datos, puede mejorar la vigilancia y control”, concluyó.
