Ciudad de México a 05 de Diciembre del 2018 (Milenio).-Por primera vez desde el gobierno de Lázaro Cárdenas miembros del equipo de un equipo entrante de gobierno se han manifestado a favor de un cambio en la política de drogas. Hemos escuchado, por ejemplo, diversas declaraciones de la nueva secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en torno a la necesidad de regular la producción de amapola y de replantear el enfoque punitivo de los tratados prohibicionistas en las Naciones Unidas.
El pasado 31 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reiteró la inconstitucionalidad de la prohibición del consumo recreativo de marihuana, subrayando el derecho al libre desarrollo de la personalidad que faculta a las personas mayores de edad a ejercer su autonomía para decidir si usan o no cannabis y recurrir a los canales institucionales para hacer efectivo ese derecho. Ocho días después, el 8 de noviembre la misma senadora Sánchez Cordero presentó la iniciativa de ley para regular el uso lúdico de marihuana.
Se respiran, pues, vientos de cambio, y es ya reparador que la palabra regulación aparezca con mayor frecuencia que la frase “combate al narcotráfico”. Sin embargo, es necesario legislar para que el fallo de la SCJN y la buena voluntad de la secretaria se traduzcan en un cambio de la cotidianidad que enfrentamos las personas que usamos drogas en México, en particular, de aquellas en mayores condiciones de vulnerabilidad.
¿Pero qué significa regular?, ¿qué impacto tendría en la vida de las personas que usamos drogas el cambio de una política de drogas punitiva a una basada en la regulación?
Regular significa que el Estado establece reglas claras sobre la producción, venta, compra y uso de las sustancias que entran en el marco de la regulación, decretando cómo y dónde se realizan cada una de estas actividades.
Finalmente, pero no menos importante, regular supone que el Estado asuma la responsabilidad de poner a disposición estrategias de reducción de daños de amplio espectro con miras, como su nombre lo dice, a mitigar los riesgos y daños asociados al uso de drogas. Ello incluye programas de análisis de sustancias en antros y festivales, para que los usuarios, pero también el Estado, puedan conocer a cabalidad la composición de las drogas disponibles en el mercado y monitorear la aparición de nuevas sustancias y/o nuevos adulterantes. Incluye, además, espacios de consumo supervisado para aquellas personas que no cuentan con espacios privados para el uso de drogas y se ven obligados a usar en la calle, lo que disminuye los impactos negativos del consumo en los espacios de convivencia colectiva. Y por supuesto contiene programas de intercambio de jeringas y material seguro de inyección, fumado e inhalado de sustancias, con lo que se reducen las epidemias de VIH y Hepatitis C que han crecido de manera importante en los últimos 19 años en México.amos el derecho de las personas que usan drogas a la educación, al trabajo, a la salud, a la justicia y la vida misma. Con la regulación, la característica de uso/no-uso de drogas deja de ser una razón condicionante para el goce de nuestros derechos fundamentales y pasa a ser una particularidad más que no nos define ni marca nuestros destinos.
