Ciudad de México a 20 de mayo de 2021. (Redacción).-
Abel Murrieta, un candidato a una alcaldía en el norte de México, se alistaba para hacer campaña la tarde del 13 de mayo cuando fue víctima de un ataque armado.
El político de 58 años estaba en la calle, al exterior a un centro comercial en Ciudad Obregón, Sonora, cuando un hombre se le acercó y le disparó en múltiples ocasiones.
Quedó tendido en el piso. Los servicios de emergencia lo auxiliaron, pero perdió la vida minutos después.
“Fue un ataque planeado y directo en contra del candidato a la alcaldía”, dijo la Fiscalía General de Sonora al iniciar las primeras investigaciones.
Pero Murrieta está lejos de ser el primer candidato en caer víctima de un ataque durante la campaña para las elecciones intermedias de México que concluyen el 6 de junio.
De hecho, según el reporte “Violencia Política en México” de la consultora Integralia ya van 27.
Los casos que han registrado muestran que quienes están alrededor de las campañas -como militantes, activistas, funcionarios, o periodistas- están en riesgo: de 169 ataques, 143 tuvieron consecuencias fatales.
Tras conocerse el caso de Murrieta, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó lo ocurrido y se comprometió a hacer la investigación “a fondo” y “tener resultados pronto para castigar a los responsables”.
Su gobierno ha implementado un plan de protección de candidatos.
Pero los números de la violencia contra candidatos, los segundos más altos solo después de las elecciones de 2018, han mostrado que se asume un enorme riesgo al ser candidato en algunas regiones del país.
“Es peligroso ser candidato en México, pero no de forma generalizada. Hay algunas regiones y estados que son más problemáticos que otros”, le dice a BBC Mundo Carlos Rubio, coordinador del reporte de Integralia.
“No quiero que te maten”
Como en periodos electorales pasados, el foco de riesgo está en el nivel municipal.
“Hemos identificado que estos eventos de violencia política ocurren con mayor frecuencia en municipios de menos de 100.000 habitantes, marginados, lejos de centros urbanos, con poca presencia de fuerzas federales”, señala Rubio.
“Tengo un niño de 8 años que ve las noticias y cada rato me dice ‘mami, yo no quiero que te maten’. Ayer que hice una rueda de prensa me lo dijo, que no quiere que me pase nada”, explica Lagunas.
El control de los gobiernos locales
Tanto el estudio de Integralia como el de otra consultora, Etellekt, muestran que la violencia ha causado muertes en todos los niveles de la política: candidatos, activistas, funcionarios activos y exfuncionarios, líderes partidistas y hasta militantes de partidos.
A nivel municipal, indica Carlos Rubio, de Integralia, es más frecuente ver la injerencia del crimen organizado en las campañas debido a que controlar alcaldías les supone un beneficio en tres aspectos.
“Les permite acceder a información sobre estrategias de seguridad, sobre grupos rivales, sobre grupos económicos con fines de extorsión”, señala Rubio.
“Les garantiza el resguardo de las policías municipales, lo cual amplía sus márgenes de maniobra para dominar los mercados ilícitos que operan en esas comunidades: huachicoleo [robo de combustibles], trasiego de droga”, continúa.
“Y les permite acceder a los recursos de gobiernos municipales”.
Pero también hay casos en los que la violencia es producto de la confrontación política.
Oaxaca, donde 80% de sus municipios se rige por normas comunitarias, es uno de estados que más casos de violencia política (19) debido a las “rivalidades entre comunidades” y sus “cacicazgos locales”.
La protección de candidatos
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal activó un mecanismo de protección a candidatos a principios de marzo pasado.
El último reporte disponible, muestra que hasta el 30 de abril había 234 candidatos que denunciaron amenazas, 65 recibieron protección de alguna corporación local o federal.
El 82% de los casos son de aspirantes a presidente municipal, indicó la secretaria Rosa Icela Rodríguez, de la SSPC.
“El reto es grande, si se considera que en el proceso electoral actual participan más de 150.000 candidatas y candidatos a más de 21.000 cargos de elección popular“, señaló la funcionaria al presentar un informe el 30 de abril pasado.
“Sabemos que la violencia y agresión contra aspirantes no es un asunto generalizado en todo el país, sino que se concentra en algunos lugares, donde la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco buscan influir políticamente”, expuso.
Rubio dice que un problema del protocolo es que inició muy tarde, a mitad del proceso electoral, y que el gobierno federal no cuenta con información que permita identificar los actores de la violencia local.
“Y no se puede diseñar una estrategia sin conocer las causantes en cada comunidad”, señala.
Cuando hay protección policial de corporaciones locales, suele presentarse el caso de que las autoridades están coludidas con bandas “y es poco factible que protejan a candidatos que son amenazados por los mismos grupos criminales”.
“No podemos hablar de un fenómeno generalizado -insiste Rubio-, pero sí es un riesgo para el sistema democrático mexicano porque vulnera la capacidad de la ciudadanía de escoger libremente a sus representantes”.
