Ciudad de México, 9 de octubre de 2019.Lista la Ley Federal de Austeridad Republicana; pasa al Ejecutivo para su publicación
La Cámara de Diputados aprobó con 324 votos de diputados de Morena; PT; PES; PVEM y Movimiento Ciudadano la Ley Federal de Austeridad Republicana que llegó como minuta del Senado de la República.
Como ya se sabe; dicha ley elimina las pensiones a expresidentes de la República; prohíbe la contratación de seguros médicos y de vida y evita el engrosamiento del aparato burocrático; entre otras cosas.
Con ello lo que se busca es el uso de información privilegiada sobre actos de gobierno y que pueda ser utilizada luego al emplearse en empresas privadas, como sucedió, por ejemplo, con Ernesto Zedillo quien luego de privatizar ferrocarriles nacionales terminó trabajando para una empresa norteamericana del ramo.
La oposición de PAN, PRI y PRD, se opuso a dicho lapso de prohibición y fue motivo de un amplio debate y sostuvo que atenta contra los derechos de los trabajadores.
Por ejemplo, Ricardo Flores del PAN expuso: “Esta ley atenta contra la libertad laboral de cualquier ciudadano al prohibir a quienes hayan sido servidores públicos aceptar un trabajo en la iniciativa privada sino hasta transcurridos 10 años”
La ley establece la prohibición de mandos superiores en adelante, pero siempre y cuando el servidor público, durante su gestión, haya supervisado, regulado u obtenido información privilegiada de determinada empresa o sector.
Morena argumentó que con los ahorros que se generen a partir de la aplicación de dicha ley de austeridad, los recursos se podrán dirigir para el combate a la pobreza.
María de los Ángeles Huerta, diputada de Morena dijo…
“Lo que estamos haciendo con esta ley y con otras reglamentaciones asociadas es eliminar décadas de gobiernos despilfarradores y corruptos, eliminar sus costumbres perversas”.
Pero también, dijo, se trata de …
“Tener un gobierno republicano, eficiente y austero que ya puede decirle adiós a la burocracia dorada”.
La nueva ley también limita la creación de fideicomisos en materia de salud, educación, procuración de justicia, seguridad social y seguridad pública.
Al ser avalada, dicha ley será enviada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la federación.
