Ciudad de México (Por Eunice Sánchez) El pasado 25 de septiembre en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, México firmó el “Acuerdo de Escazú”, primer acuerdo de América Latina y el Caribe, a través del cual los países firmantes se comprometen a mejorar sus políticas en materia medioambiental.
El Acuerdo Regional firmado en Escazú, Costa Rica, tiene como objetivo garantizar el derecho de acceso a la información, la participación ciudadana en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Las disposiciones que destacan en dicho acuerdo son: la obligación de los Estados de garantizar “un entorno propicio para el trabajo” para los activistas ambientales al estar en constante riesgo por su labor. Además de la implementación de medidas para la participación abierta de la sociedad en la toma de decisiones ambientales.
¿Quiénes están a cargo?
El pasado 27 de septiembre, el canciller Luis Videgaray firmó a nombre de México, sin embargo aunque basta con la ratificación de 11 países para su entrada en vigor, México debe ratificar si desea formar parte.
Será a partir del 1 de diciembre que corra el tiempo para que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y su equipo tomen la decisión de ratificar el acuerdo.
Violencia contra activistas ambientales
En su informe anual 2017, la organización internacional Global Witness situó a México en el cuarto lugar de asesinatos a activistas ambientales, siendo las primeras causas de denuncia de estos activistas las actividades mineras y petroleras, la caza y tala ilegal.
En su informe anual, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) registró el asesinato de 29 activistas ambientales de julio de 2016 a diciembre de 2017.
Mientras de enero a septiembre de 2018, se tienen registrados los asesinatos de Guadalupe Campanur, líder purépecha fundadora del cuerpo de guardabosques de Cherán; Luis Carlos Gutiérrez, de la organización Resistencia Civil Madera y Madera Unido; y del activista huichol, Margarito Díaz González.
Qué sigue de aprobarse el acuerdo
Al ser un instrumento jurídico y tratado de derechos humanos el gobierno mexicano deberá establecer mecanismos para llevar a efecto el acuerdo. Es decir, el Senado de la República deberá legislar para armonizar los compromisos del acuerdo con el marco jurídico nacional aplicable, específicamente en materia ambiental.
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