Sobre el derecho y el nuevo aeropuerto

Por Emiliano Oaxaca

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Al tiempo que escribo esta opinión, leo y escucho variopintas declaraciones de los principales actores de lo público –y de otros que no- sobre lo aberrante, ilegal o, lo genial y democrático que resultó la “consulta” sobre la cancelación del nuevo aeropuerto.

En medio de semejante embrollo y oscurantismo político, siendo que, como diría Gasset: “yo soy yo y mi circunstancia”, decidí abordar este tema desde los lentes jurídicos para ver si así también yo entiendo que está sucediendo. Analizaré pues lo argumentos a favor y en contra, tratando de dar una objetiva conclusión ¿apegada a Derecho?.

Para defender la consulta Jaime Cárdenas, abogado constitucionalista del equipo del tabasqueño, escribió en Twitter lo mismo que le valió a Hans Kelsen para sostener la inexistencia de lagunas en su sistema de normas: para los ciudadanos, lo que no está prohibido está permitido (principio de prohibición), teniendo como premisa argumentativa, que Andrés Manuel y Morena actúan como ciudadanos.

Esta ruta de ideas permite asegurar que, por lo tanto, la “consulta” (que entonces no fue consulta) no debió jamás cumplir con el Artículo 35 de la Constitución General, ni con la actual legislación que regula las consultas populares que hicieren las autoridades federales. Dicen pues, se trata de una actividad ciudadana sui generis consistente en preguntar a ciertas personas sobre un tema de interés público, nada más.

Aunque indirectamente, el mismo argumento bastó para que un Juez de Distrito desechara un amparo presentado por alumnos del ITAM en contra de la consulta, estableciendo que el presidente electo no puede ser autoridad responsable en ese juicio, y por lo tanto el mismo quedó sin materia, y la consulta se efectuó.

También, aunque más románticamente, se argumenta que la consulta responde a una férrea voluntad democrática a la que no estamos acostumbrados, pues nunca se nos ha preguntado nada sobre los asuntos que nos atañen a todos. Se trata de una contradicción ontológica que es menester del nuevo régimen combatir.

Ahora bien, para sostener la constitucionalidad y legalidad de la terminación de los contratos del Nuevo Aeropuerto ideado en Texcoco, se alude a la facultad que el Derecho Administrativo otorga, tanto teórica como legalmente, al gobierno federal de atender al interés general para crear, modificar o erradicar unilateralmente sus actuaciones, rompiendo con las teorías contractuales del Derecho Civil.

Ya que, la única justificación que pueden encontrar las administraciones de la función ejecutiva subyace en las pretensiones y voluntad del grosor de la población, gozan de la potestad para desdecirse si es que hallan razones de índole pública que consideren justifican una nueva narrativa.

En este sentido, se ha advertido que el aeropuerto de Texcoco es excesivamente caro, adolece de graves síntomas de corrupción, representa una gravísima afronta al medio ambiente y forma parte de una de las cuantas materializaciones de la “mafia del poder”.

Por otro lado, pongo en la mira los argumentos contrarios que sostienen la ilegalidad la de consulta. Dicen que, si  bien es cierto Andrés Manuel no es formalmente una autoridad, sí que lo es desde el punto de vista material.

A partir de 1 de diciembre será presidente y todo lo que ahora hace se materializará por el simple transcurso del tiempo. Debe considerársele autoridad porque no es ciudadano como cualquier otro. Él toma decisiones que ya están afectando a todos. Goza de una situación especial, dicen.

En este sentido -como ejemplo de decisiones de un ciudadano que afectan a todos- argumentan que la consulta sí que debió cumplir con los mínimos impuestos en el Artículo 35 de nuestra Carta Magna, y debió convocarse por el Congreso de la Unión a propuesta ya del Presidente de la República, ya del 2 por ciento del padrón electoral, o ya del 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras.

Abonando a la ilegalidad aducida, establecen que la consulta no logró la participación más que de aproximadamente un millón de personas, cuestión que no actualiza –ni se acerca- al mínimo necesario del 40 por ciento del padrón electoral para dotarla de validez y vinculatoriedad a todos los poderes públicos.

Así, concluyen que la consulta, lejos de ser un instrumento democrático virtuoso, representa una burla a nuestro sistema normativo que necesita ser eliminada. Esas actuaciones, no legitiman más que su deseo de convertirse en un dictador, aseguran.

Ahora bien, refutando específicamente la cancelación del Nuevo Aeropuerto –sin importar la consulta-, advierten que, en todo caso, ello no responde al interés público, sino que responde a una estrategia política semejante a un golpe en la mesa anunciando autoridad y gritando respeto.

Así pues, optar por Santa Lucía, es extremadamente oneroso para el estado, pues implica pagar todos los daños y perjuicios ocasionados a todas las empresas contratistas que habían sido ya adjudicadas. Esa cantidad supera por mucho el continuar con la bella obra que actualmente se construye en Texcoco.

Se dice además, que es totalmente falsa la afirmación que asegura que la opción de Santa Lucía conculca menos al medio ambiente, pues no existe ningún estudio de impacto ambiental que sirva de sustento a tal descabellada idea.

Lo mismo con el tema de la corrupción, pues si hay tanta imperfección legal y por eso se decide como se decide, entonces publicar nombres y aludir a actos concretos justificaría correctamente, ante los ojos de todos, la opción de Santa Lucía.

Bueno, las cartas están sobre la mesa y basta que nosotros evaluemos con ánimos objetivos cuáles argumentos prosperan. Esta es nuestra mayor responsabilidad que nos acerca a una verdadera democracia argumentativa (yo la llamé “Democracia de Peitho” en letras anteriores).

Primero, la “consulta”. Si analizamos desde la óptica formalista del Derecho, y a la luz de nuestra legislación actual, entonces lo que se hizo no fue una consulta ni pretendió serlo, fue un ejercicio innominado, que no se encuentra regulado y que por lo mismo no debe cumplir con ningún requisito legal, ni goza de algún tipo de vinculatoriedad

Así, ese extraño y único ejercicio ciudadano, no puede ser juzgado más que con reglas morales y políticas, más nunca con las jurídicas, pues escapa de lo que estrictamente puede ser regulado y observado por el Estado.

Ahora bien, eso me deja muy insatisfecho y con una sensación de injusticia que sólo una más amplia concepción del Derecho puede mitigar. Considero que debemos entender que la justicia verdadera reside en lo material de lo regulado. Ello implica dejar en segundo término todo formalismo simplista.

Nuestro Derecho debe apuntar a destruir las falacias que crea el formalismo jurídico para crear una regulación que atienda a la sustancia de las cosas, pues ahí vive la única esperanza de saber si hacemos lo correcto. El Derecho no puede ser tan corto, y es claro que, materialmente, Andrés Manuel no es un ciudadano como yo lo soy.

Solo para acotar, hay que recordar que teóricos del Derecho como el español Eugenio Bulygin y el italiano Luigi Ferragoli, han evidenciado que el principio kelseniano, tiene sendos problemas lógico jurídicos que lo hacen insostenible, en razón de la necesaria distinción entre proposiciones normativas y normas jurídicas, que lo hacen falso y contingente respectivamente. Pero, pues ya ven, la teoría nunca ha importado demasiado fuera de clase.

Segundo, la cancelación. La única razón que podría justificar la cancelación de un proyecto tan grande y con semejante avance, sería que en verdad, Andrés Manuel demostrara, con nombre y apellido, los actos de corrupción que alardea en todos los medios de comunicación.

La corrupción sería el único gran móvil válido para justificar la cancelación. Espero en realidad, que AMLO denuncie y castigue los actos de corrupción que dice existen en el aeropuerto, y eso incluye a los particulares involucrados.

Me atrevo a decir que el simple hecho de demostrar que la construcción en Santa Lucía es más barata, no es suficiente para llenar el requisito exigido –aquí sí por la teoría y la ley- de interés público. Que sea más barato no quiere decir que atienda los fines del Estado, que vele por las exigencias aeroportuarias y apele a la razón colectiva. Sólo quiere decir que cuesta menos, no más, y ello no es sinónimo de voluntad general.

Ahora bien, si el propósito de esa “consulta” fue el de demostrar el interés público, hay que advertirle al equipo de AMLO –gritándole- que es insuficiente y no responde a la voluntad general.

Por el contrario, evidenció que sólo al 1 por ciento del padrón le interesó su ejercicio. ¿Dónde estuvimos los 30 millones de personas que votamos por él? ¿Perdió legitimidad? Andrés Manuel acabó perdiendo en su propia “consulta”, y eso que ganó Santa Lucía.

Otra cosa sería -atendiendo a la única respuesta correcta de Ronald Dworkin-, concediendo que el proyecto de Texcoco es incosteable y atenta contra el medio ambiente, que se hubiere optado por un término medio. ¿Nunca se los ocurrió modificar el proyecto para hacerlo menos oneroso? ¿No pensaron en cambiar ciertas características sobre la marcha?

El interés público no es el interés de una administración, es lo que atañe a todos. Yo aplaudo muchísimo las buenas intenciones democráticas de este nuevo gobierno, por eso voté por AMLO, pero critico fuertemente las formas, y sobretodo la corta concepción del Derecho y la justicia que han sido utilizadas para justificar, como dije, un necio golpe en la mesa.

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