En el marco de la Cumbre de Líderes de Norteamérica que se lleva a cabo en la Ciudad de México, uno de los temas más importantes a discutir dentro de la agenda bilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es la migración.
T-MEC
Derivado de su visita a El Paso, Texas, el pasado domingo 8 de enero, previo a su arribo a México, y su reciente anuncio del nuevo paquete de políticas migratorias, en donde los ciudadanos de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba que intenten cruzar ilegalmente a Estados Unidos serían expulsados de forma inmediata, Biden da continuidad a la medida impulsada por el gobierno de Donald Trump en 2020 con respecto al Título 42, esto entorno de una crisis humanitaria que se vislumbra ya como un problema mayor en la frontera con México, aunado al impacto en la relación bilateral por la crisis de seguridad, narcotráfico y el trasiego de drogas de nuestro país al vecino país del norte.
Si bien, la administración de Biden está preparando medidas para la suspensión del Título 42, esto no sería la solución para el problema migratorio que ya es estructural y que requiere nuevas acciones; y es que las políticas migratorias que han ejecutado, han resultado ineficientes derivado del incremento histórico del flujo migratorio ilegal y que incluso, han sido mal vistas por integrantes del partido demócrata.
Por otro lado, los migrantes que han decidido salir de sus países de origen y que buscan asilo político en Estados Unidos, y esperaban ingresar una vez levantada la suspensión en la frontera norte, han sido puestos en una situación de doble vulnerabilidad, ya que al no contar con los recursos suficientes para cumplimentar los requisitos de visado humanitario del CBP-One, han quedado varados indefinidamente y además los ha colocado como un nuevo blanco para grupos criminales que han aprovechado la situación.
Los migrantes en medio de una crisis humanitaria son ahora un blanco fácil para los grupos criminales.
El panorama para México no es sencillo, ya que, al funcionar como muro de contención para Estados Unidos, aceptará hasta 30,000 migrantes expulsados de la nación vecina al mes y obliga al gobierno de nuestro país a revisar sus propias leyes migratorias de forma urgente, para contener las repercusiones de la recepción de los migrantes que sean deportados en fast-track a la frontera norte.
La propuesta del gobierno mexicano de crear una “Alianza para la Prosperidad de los Pueblos de las Américas”, cuyo objetivo es promover una distribución más igualitaria de los recursos económicos a partir del fortalecimiento de las relaciones comerciales en el continente, y que se discute en el marco de la Cumbre, busca de alguna manera, herramientas que le permitan moderar el embate ya desproporcionado de esta crisis desde una perspectiva económica, sumado a las acciones del Entendimiento Bicentenario, firmado el 8 de octubre, y que sustituye la Iniciativa Mérida.
La visita a nuestro país de un presidente de Estados Unidos después de 10 años, es positiva, sin embargo, no es casualidad el anuncio hecho por Biden en materia migratoria y esa es la moneda de cambio que tendremos que pagar en las negociaciones con respecto a las sanciones previstas para México por infringir las reglas del TMEC, además de la ya complicada relación por la histórica guerra contra el narco.
Esto acaso, ¿tendrá otras implicaciones y consecuencias?
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