El Gobierno de Guanajuato entregó un contrato por 719 millones 982 mil pesos a la empresa Grupo Turbofin, S.A.P.I. de C.V., para el arrendamiento de 162 patrullas, entre ellas 30 unidades blindadas. El convenio se formalizó bajo adjudicación directa, luego de que el Comité de Adquisiciones argumentó que difundir especificaciones podría “afectar la seguridad pública”.
La autorización ocurrió el 11 de julio de 2025, durante la 11ª Reunión Extraordinaria del Comité. Tres días después, el 14 de julio, se firmó el contrato multianual, aunque la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo lo dio a conocer públicamente hasta el 8 de diciembre, durante un acto en Irapuato junto al secretario de Seguridad y Paz, Juan Manuel González Martínez, en el marco de la estrategia CONFIÁ y el programa Carreteras Seguras.
El documento establece en su cláusula vigésima tercera que el arrendamiento concluirá el 7 de abril de 2030. Con el monto total pactado, cada patrulla representará un costo promedio de 4.4 millones de pesos al cierre del periodo.
Turbofin, propiedad de Aby Lijtszain y Bernardo Lijtszain Bimstein, suma contratos superiores a 2 mil millones de pesos en diversos estados y municipios, entre ellos Ensenada, Tijuana, Ciudad Juárez, Aguascalientes, Durango, Yucatán y la Alcaldía Álvaro Obregón en Ciudad de México. En marzo de este año, la empresa también fue objeto de cuestionamientos en Hidalgo por una adjudicación de más de 27 millones de pesos en Mineral de la Reforma.
La compañía aparece además en un proceso asignado en Quintana Roo. Fuentes internas señalan que el gobierno encabezado por Mara Lezama Espinosa habría otorgado a Turbofin un contrato de 1,200 millones de pesos para proveer 334 vehículos policiales y un helicóptero a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen.
Aunque los hermanos Lijtszain controlan el conglomerado Traxión, listado en la Bolsa Mexicana de Valores desde 2017, Turbofin opera fuera del ámbito bursátil. No reporta estados financieros ni prácticas de gobierno corporativo, pese a su presencia en contrataciones públicas. En 2025 recibió cinco adjudicaciones federales que suman alrededor de 74 millones de pesos, de acuerdo con Compras MX.
A su expansión se suma el vínculo señalado por diversas fuentes entre Turbofin y el empresario Jack Landsmanas, propietario del Corporativo Kosmos. Landsmanas funge como un impulsor relevante de la arrendadora ante gobiernos estatales y municipales. El nexo cobró notoriedad luego de que, según la columna de Carlos Loret de Mola del 9 de diciembre, el Gobierno de Estados Unidos estaría investigando al empresario.
De acuerdo con fuentes consultadas, la Fiscalía General de la República y la Secretaría Anticorrupción tendrían facultades para revisar el uso de la excepción legal y la relación operativa entre Turbofin y Traxión, así como los señalamientos en torno a la influencia de Landsmanas en la obtención de contratos públicos.
