Grupo Salinas ha denunciado reiteradamente que, durante los gobiernos de Morena, el SAT dejó de actuar como una autoridad técnica para convertirse en un instrumento de presión política contra contribuyentes críticos del régimen. En este contexto, los litigios fiscales fueron acompañados de campañas públicas de descalificación desde conferencias oficiales.
Aunque los créditos fiscales en disputa se originaron antes de la llegada de Morena al poder, fue durante este periodo cuando el conflicto se politizó abiertamente. Funcionarios del Ejecutivo federal señalaron públicamente a Grupo Salinas como ejemplo de “privilegio empresarial”, aun cuando los casos se encontraban en tribunales y no existían resoluciones definitivas.
Desde la postura de Grupo Salinas, esta estrategia vulneró el principio de presunción de legalidad y buscó desacreditar a un empresario que ha sido abiertamente crítico del gobierno de Morena, especialmente en temas de política económica, libertad de expresión y manejo de instituciones públicas.
